El campo de concentración de Auschwitz fue el lugar donde 1,3 millones de personas murieron durante la represión nazi en Alemania. Pero en aquel espacio lleno de sufrimiento y temor hubo sitio para la música, de acuerdo a una investigación que ha conseguido crear un mapa musical del lugar.

Según informa la agencia Materia, El resultado del trabajo realizado por Melissa Kage, doctora de Estudios Germánicos de la Universidad de Stanford, permite apreciar los diferentes espacios físicos en los cuales la orquesta sinfónica de internos y los 120 músicos que tocaban para los nazis interpretaban diferentes melodías con fines completamente distintos.

Por ejemplo, se indica que desde que llegaban en tren, los prisioneros eran recibidos con valses de Strauss, temas de Franz Lehár o canciones sentimentales de los 30, con la finalidad de disipar los temores de los recién llegados. En cambio, a los que salían a trabajar al campo los obligaban a escuchar marchas militar, como el Horst Wessel Lied, el himno nazi.

Sin embargo, la música también fue utilizada como gesto de rebeldía, como expresión de una añoranza por la libertad perdida. Kagen muestra que, en el Campo I, donde se albergaban los prisioneros de guerra y los alemanes de la resistencia, una canción frecuente era Die Gedanken Sind Frei (los pensamientos son libres), una canción popular de la revolución de 1848.

En Birkenau, otra zona del campo, la poetisa Krystyna Zywulska compuso 54 obras que describían la vida cotidiana dentro del lugar donde sabía que miles perdían la vida en las cámaras de gas contiguas. Los versos musicalizados era interpretados secretamente a lo largo de todo Auschwitz.

Para Kagen, en este choque de melodías, la música forzada era sentida como una agresión. “Los prisioneros deseaban morir en paz, querían un mínimo espacio de autonomía en el que morir. Pero esta música, que se ven obligados a escuchar, les agrede no sólo porque altera el espacio, sino porque se mete dentro de sus cuerpos”, explica la investigadora.

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Los indígenas tomaron sus bastones de madera y empujaron a los militares. Les arrojaron tierra en la cara y los amenazaron con machetes. “¡Váyanse con su guerra a otra parte!”, les gritaron el pasado martes desde las empinadas montañas de Toribío, departamento del Cauca. Los indígenas no quieren al Ejército, ni a la guerrilla de las FARC, intercambiando tiros en sus territorios ancestrales. Por eso echaron a los militares del cerro Berlín, conocido como las Torres. En los enfrentamientos, un indígena murió tiroteado por un soldado por no atender una orden de alto en un retén en el municipio de Caldono.

Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.

La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.

En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.

Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.

Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No solo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.

“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, exdirector del Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.

Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.

Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.

El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.

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La difusión de un vídeo a principios de esta semana en Internet, donde se ve a varios policías torturando a presos en una comisaría de la provincia argentina de Salta, ha provocado la destitución de cinco agentes. En las imágenes se observa cómo un policía agarra de los pelos a un preso maniatado y semidesnudo y comienza a asfixiarlo con una bolsa mientras otros dos agentes torturan en segundo plano a otro preso vertiéndole agua con un cubo.

Los hechos sucedieron en el patio de una comisaría situada en el municipio de General Güemes, situada a 50 kilómetros de la localidad turística de Salta. Al preso al que asfixian se le oye decir «Te juró que no sé, te juro por Dios, te juro que yo no vi al asesino». El policía le escucha con los brazos cruzados, le coloca la bolsa en la cabeza y se la aprieta mientras el recluso gime y grita basta.

El ministro de Seguridad de Salta, Eduardo Sylvester, definió ayer a los agentes torturadores como “delincuentes vestidos de policía” y declaró que fueron detenidos por “apremios ilegales”. Estos “apremios”, o sea, la tortura y los tormentos, son cotidianos en las comisarías y cárceles de Argentina, según María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “El riesgo ahora es que esto se quede en una suerte de hecho aislado asociado a la situación de una provincia en particular. Cuando lo único particular de este caso, lo único que lo diferencia de muchos otros, es que trascendió y se hizo público. Pero la tortura es sistemática, las denuncias son cotidianas en la Argentina. Si estrás en nuestra página y ponés tortura o tormento te van a salir cientos de ellas”.

La Coordinadora sostiene que el año pasado 145 personas fueron asesinadas por policías. A menudo, los agentes federales de las 23 provincias argentinas y de la capital suelen ocupar los titulares de periódicos con una amplia gama de delitos: sobornos a narcotraficantes, protección de prostíbulos, negocios con talleres textiles clandestinos, robo de coches y camiones, asociación con delincuentes comunes para que perpetren delitos y compartan las ganancias, asesinato de otros policías… Y, por supuesto, torturas. El año pasado trascendió otro vídeo de torturas a presos grabado en el penal San Felipe de la ciudad de Mendoza.

“Las torturas no son hechos que se puedan atribuir a un loquito suelto o a la poca preparación de la policía en materia de derechos humanos”, señala Verdú. “Y no son producto de la herencia recibida por la dictadura de 1976-1983. La picana eléctrica fue inventada en una comisaría argentina en la década de los 30. Pero en el periodo 76-83, el Gobierno tuvo que recurrir al terrorismo de Estado. Y entonces, estos delitos se volvieron invisibles. Frente a 30.000 desaparecidos, ¿quién se iba a preocupar porque al preso común lo torturaban? Pero recurrir a la dictadura para buscarle una explicación a la tortura de ahora es una manera de despojar de responsabilidad al Estado y a los sucesivos Gobiernos. Es el Estado el que la ampara”.

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