Por: Jesús A. Núñez | 24 de noviembre de 2011
Un soldado colombiano, víctima de una mina antipersona, entre zapatos que recuerdan a las víctimas de minas antipersona. Foto: FERNANDO VERGARA (AP)
En un contexto de seguridad internacional salpicado de violencia y focos de tensión muy aguda, resulta esperanzador saber, como nos cuenta la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL; www.icbl.org) en su último informe, que ya son 158 los países firmantes del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, con la incorporación de Sudán del Sur a un proceso que comenzó en 1999. El camino hasta Ottawa arrancó en 1992, gracias al impulso de siete organizaciones no gubernamentales, que consiguieron finalmente implicar a Canadá para que incorporara a la agenda intergubernamental el asunto. Así, desde el 1 de marzo de 1999 se estableció el compromiso para terminar con la fabricación, comercialización, almacenamiento y uso de ese tipo de minas.
Si en aquel momento unas 35.000 personas morían o quedaban mutiladas cada año por efecto de estos artilugios, en 2010 la cifra ha bajado hasta los 4.191 (1.155 muertas y 2.848 mutiladas). De ellas, 1.211 se localizaron en Afganistán, 512 en Colombia y 394 en Pakistán.
Es positivo ver cómo la sociedad civil organizada puede desarrollar esfuerzos que impulsen a los gobiernos a comprometerse de este modo. En todo caso, el problema no se ha solucionado completamente. Por una parte porque se estima que hay unos 200 millones de estos artefactos ya diseminados por muchos territorios, sin que haya programas de desminado suficientemente sólidos como para confiar en que todas acaben siendo removidas. Esto hipoteca seriamente la vida de muchas comunidades, imposibilitadas de transitar por determinadas vías o de cultivar sus antiguos campos. Por otra, porque todavía hay 38 países que no han firmado el Tratado. Entre estos interesa destacar a China, Estados Unidos, India y Rusia, pero también a Cuba, Irán, Israel y hasta nueve países árabes (Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Líbano, Libia, Marruecos, Oman, Siria y Emiratos Árabes Unidos).
Además, todavía en 2010 Israel, Libia, Siria y Birmania las han empleado y, por su parte, India, Pakistán y la misma Birmania las han fabricado.
Este mismo modelo- de un impulso promovido por actores de la sociedad civil que logra activar a instancias gubernamentales- ha llevado a que actualmente la ONU esté negociando un futuro tratado para regular (que no prohibir) las armas ligeras y peuqeñas, responsables de más del 85% de la muertes violentas que se producen en las guerras de hoy. Queda tarea.
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